Las respuestas a las problemáticas sociales siempre se han pensado desde la fragmentación y desde, propiamente, el ámbito social, obviando o ignorando la responsabilidad de otros ámbitos, sectores y agentes sociales. La exclusión social se ha de entender desde su complejidad y multidimensionalidad. Es decir, desde la escasez de recursos a los procesos de empobrecimiento que impiden el pleno desarrollo de las personas, de sus proyectos vitales, anhelos y necesidades.

Partimos de la base que las políticas públicas en materia social tienen que dar respuesta mediante actuaciones integrales y transversales, desde todas las ópticas y competencias, a la globalidad de los problemas sociales en los ámbitos económico, laboral, educativo – formativo, social, sanitario, etc.  Los servicios sociales ya no pueden seguir siendo el cajón de sastre donde colocar y dirigir el encargo y responsabilidad frente a las problemáticas sociales.

Las administraciones mediante sus respectivas competencias han de dar respuestas a las distintas realidades que atañen a las personas, a su bienestar y posibilidades de realización personal y colectiva. Y en esa tarea no pueden ni deben estar solas. Necesitan de la complicidad, implicación y fuerza de todos los agentes sociales y de la ciudadanía en su conjunto. En la medida que existan propuestas reales de colaboración y coordinación basadas en valores de compromiso democrático y transformación social entre la administración, el Tercer Sector Social y otros agentes sociales estaremos un poco más cerca de trabajar por la inclusión y cohesión social de forma más efectiva y sólida. Claro que para ello se hace necesario dar pasos de gigante en la concepción que muchas veces se tiene de dicha colaboración que hoy en día aún tiene muchos indicios de ser clientelar y sólo prestadora de servicios y pasar a una concepción basada en la corresponsabilidad.

La pobreza y el crecimiento de situaciones de vulnerabilidad y de exclusión social en un momento de crisis especialmente requirieren un fuerte compromiso de todos los niveles de gobierno y del conjunto de la ciudadanía. Los retos se plantean globalmente pero tienen efecto en las ciudades y en los entornos inmediatos; no olvidemos que la atención a las personas se construye desde la proximidad. En la medida que se reconocen derechos sociales de ciudadanía se incide en la mejora de la cohesión social y en la necesidad de implicar y reconocer el papel del Tercer Sector Social y del conjunto de la ciudadanía en el diseño y desarrollo de las políticas sociales de proximidad. El Tercer Sector debe ser clave en esta supuesta sociedad relacional por su capacidad de construir vínculos, de generar capital social, de adecuar las respuestas sociales a la complejidad, de anticiparse a necesidades y canalizar la participación y solidaridad de la ciudadanía. No olvidemos que, a su vez, y en otro orden de cosas, el Tercer Sector es un agente económico, con funciones en la prestación de servicios y por consecuencia en la generación de empleo.

El Tercer Sector multiplica el impacto de la acción de los poderes públicos. Para ello, debe crear sinergias con la administración, tanto a nivel estatal, autonómico como en el ámbito local. Una colaboración estable que contemple el valor añadido del Tercer Sector Social en cuanto a su mayor capacidad de innovación, flexibilidad y adaptación a las distintas realidades sociales. En definitiva, un modelo de bienestar más acorde con esta realidad compleja requiere de un fortalecimiento de la ciudadanía y la participación de la sociedad civil organizada.

Las entidades sociales y las administraciones deben trabajar en partenariado, ser socios en su diversidad y no ser auxiliares unos de otros; sólo así se puede lograr un compromiso pleno para la inclusión social. Y es así como podemos generar un aprendizaje colaborativo en clave relacional, comunitaria, transversal y transformadora.

El avance hacia sociedades más inclusivas se encuentra estrechamente vinculado a la capacidad de generar, entre administraciones, agentes sociales y la ciudadanía, actuaciones desde la gobernanza relacional, basada en la corresponsabilidad, la complicidad y la colaboración, en definitiva, en la capacidad de convertir las complementariedades en complicidades y compromisos. Una forma, por tanto, de trabajar las capacitaciones, la autonomía, la autoestima, el sentimiento de pertenencia a la comunidad y el desarrollo de vinculación social, la construcción de proyectos vitales, etc. Estamos hablando pues de una forma de gobierno en la que la coherencia de la acción pública en cuanto a la definición de problemas, el diseño y su ejecución, se articula y coordina a diferentes niveles con diversos actores públicos y privados para definir un espacio común de corresponsabilidad, legitimidad y toma de decisiones para el abordaje de las realidades y problemas sociales más acuciantes.

Lluís Toledano, Coach i Supervisor – Tercer Sector. 2011